Había sido un día agitado para Gustavo Verón y Andrés Haupt. Seguramente el más incómodo para ellos desde que habían arribado a Venezuela para tomar el mando de las inferiores del Club Deportivo La Guaira. La experiencia, hasta ese 27 de febrero, había sido satisfactoria. Pero ese día quedaron envueltos en una situación molesta, pero al fin y al cabo nada alejado de las tensiones que se pueden vivir en un partido de fútbol. Nada, entonces, los hacía presagiar lo que pasaría.
Aquel día a la noche, cuentan aquellos que tuvieron acceso al relato de los entrenadores argentinos, las fuerzas policiales locales se presentaron en la casa de Haupt. Le pidieron que lo acompañasen porque debían tomarle declaración: cuando arribó a la comisaría le notificaron que debía entregar sus pertenencias porque iba a quedar detenido.
También arribaron a la vivienda que Verón compartía con su esposa y su beba. Él no estaba, pero le dejaron una notificación con el mismo motivo: debía brindar testimonio tras lo ocurrido. Cuando tomó conocimiento, se presentó en el lugar y se repitió la misma escena que había vivido horas antes su colega.
Y desde entonces llevan 81 días detenidos mientras se resuelve su situación y se analiza cuánto sustento tiene el “agavillamiento, lesiones gravísimas e incitación al odio” que les endilgaron por la gresca que se generó tras el amistoso entre Unión Central de Venezuela con su club, La Guaira, tal cual informó en los últimos días Infobae.
Verón asegura que intervino en la pelea para sacar a su compañero, porque estaba siendo golpeando entre varios integrantes de la delegación de UCV. En ese choque se dio una agresión a una de las autoridades del club rival, a quien señalan de tener fuertes vínculos con la administración de Nicolás Maduro. De hecho, se constató que las lesiones denunciadas no revistieron gravedad.
Los dos entrenadores argentinos comparten todavía una celda en la Zona 7 boleita de Caracas con otros reclusos en el Centros de Detención Preventiva (CDP), donde se ubican a los detenidos por delitos menores. Durante las últimas semanas, la familia contactó al abogado argentino Matías Morla y su caso quedó en manos de su estudio con la intención de terminar con el calvario que viven. El objetivo está puesto en la fecha del próximo martes 21 de mayo, cuando se dará una reunión clave para intentar rebatir los cargos que pesan sobre ellos, especialmente el de “incitación al odio”, que en Venezuela tiene penas que preocupan al entorno de los entrenadores.
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