32 años después de la intentona golpista de febrero de 1992 –así como de su réplica del noviembre siguiente– y luego de un cuarto de siglo de la toma del poder por parte del chavomadurismo nos deberían obligar a los venezolanos a reflexionar, aún más, sobre las calamitosas consecuencias de tales perversiones.
La primera y más importante cavilación, por encima de lo anecdótico y superficial, tiene que ver con la extrema debilidad que mostró entonces la democracia venezolana frente a sus enemigos, incrustados dentro de ella y con manos libres para liquidarla en cualquier momento utilizando sus propios mecanismos de elección y alternancia, como ya ha sido demostrado. Por desgracia, la democracia contiene en su naturaleza intrínseca los virus que pueden terminar con ella. Así, sus adversarios se sirven de estos para tal propósito, algo que aquellos nunca permiten en sus sistemas totalitarios y cerrados.
En Venezuela, al comenzar la década de los años sesenta del siglo pasado, la extrema izquierda castrocomunista actuó simultáneamente en el plano institucional y en el plano subversivo. Sus diputados y senadores utilizaban impúdicamente la tribuna parlamentaria para apoyar y justificar los diversos intentos de golpe de Estado, los sangrientos actos de terrorismo urbano y la misma guerra de guerrillas, eventos todos protagonizados por esa izquierda extremista que conformaron el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) –desprendimiento de la juventud de Acción Democrática (AD)–, bajo la rectoría del dictador cubano Fidel Castro, en contra del gobierno democrático del presidente Rómulo Betancourt, apoyado por AD y el Partido Socialcristiano Copei.
Esa doble moral puso entonces de manifiesto el desprecio de la ultra izquierda por la democracia y sus instituciones, a las cuales intentaron destruir cuando apenas se reiniciaba. Algunos de ellos apoyaron más tarde al golpista teniente coronel Chávez Frías en 1998 y formaron parte de la nomenclatura de su régimen. Ya sabemos cómo juntos demolieron la democracia forjada en los 40 años de la República Civil entre 1958 y 1998, valiéndose de los mecanismos de elección, alternancia, pluralismo y tolerancia que la caracterizaban.
Si algo confirma todo este proceso de destrucción del sistema democrático instaurado en 1958 es lo difícil que resulta consolidar la democracia cuando la gran mayoría de sus ciudadanos no la han internalizado y, en consecuencia, hecho parte de su conducta republicana.
Tal vez esta sea una de las razones por las que hoy Venezuela constituye un trágico ejemplo al respecto, aunque no el único, por supuesto. Pero en nuestro caso, las élites políticas, económicas y sociales, así como buena parte de la opinión pública, muy poco internalizaron la democracia, ni la hicieron parte de su conducta ciudadana. Sólo así se explica que muchos de ellos votaran por un militar golpista en 1998 –y lo reeligieran varias veces–, a pesar de que su único “mérito” a tales efectos era precisamente su conducta antidemocrática y autoritaria.
De manera que, volviendo a lo señalado en los primeros párrafos, parece una suerte de ley universal que la democracia casi siempre perezca a manos de quienes utilizan sus mecanismos alternativos, con todo lo que esto aparenta de contradictorio. Bastaría insistir, también a este respecto, en las trágicas experiencias del nazifascismo y del comunismo, estructuras blindadas e impenetrables, donde nunca se permitió –ni se permite– la existencia de otras ideas, doctrinas y partidos, y donde los disidentes por lo general son perseguidos, execrados y hasta eliminados físicamente. Sin embargo, en su oportunidad, las cabezas de esos regímenes utilizaron los mecanismos de la democracia para llegar al poder y, una vez instalados, procedieron a destruirla, sin escrúpulos ni consideraciones de ninguna naturaleza.
Por esto mismo, pareciera justo y conveniente la necesidad de que la democracia pueda crear eficaces antídotos institucionales que aseguren su defensa y la derrota de sus enemigos, esos mismos que, insisto, desde adentro y utilizando sus propios dispositivos luchan tenazmente para eliminarla.
Y todo ello porque la democracia ha sido y sigue siendo demasiado generosa para dar voz y voto a los que quieren dar al traste con ella. Fundamentándose en principios de equidad, tolerancia y libertad, el sistema democrático ha permitido todo tipo de abusos en su contra, y lo que resulta peor aún, ha entregado a sus cancerberos las armas para que estos, conforme a sus siniestros propósitos, la liquiden en cuanto pueden, alegando sus fallas y vicios como razones últimas. Sobran los ejemplos a este respecto.
Lamentablemente, la democracia se ha convertido en una “víctima complaciente”, como lo aseguraba el pensador y escritor francés Jean-François Revel a principios de los ochenta en su célebre libro Cómo terminan las democracias. “La civilización democrática –agregaba– es la primera que se quita la razón frente al poder que se afana por destruirla” y, probablemente, más que la fuerza de sus contrarios, ha sido mayor causante de su derrota la humildad con que la propia democracia “acepta desaparecer y se las ingenia para legitimar la victoria de su más mortal enemigo”.
Así, por lo general, dice Revel, “es menos natural y más nuevo que la civilización agredida (en este caso, agrego yo, la democracia) no solo juzgue en su fuero interno que su derrota está justificada, sino que prodigue, tanto a sus partidarios como a sus adversarios, innumerables razones para describir toda forma de defensa suya como inmoral, en el mejor de los casos como superflua e inútil, frecuentemente incluso como peligrosa”.
Señala a continuación que “el enemigo interior de la democracia juega con ventaja, porque explota el derecho al desacuerdo inherente a la democracia misma”, dado que esta es “ese régimen paradójico que ofrece a quienes quieren abolirla la posibilidad única de prepararse a ello en la legalidad, en virtud de un derecho, e incluso de recibir a tal efecto el apoyo casi patente del enemigo exterior sin que ello se considere una violación realmente grave del pacto social”.
Tal vez por esa razón, no faltan quienes sostengan que combatir a quienes quieran destruirla contradice las normas de funcionamiento de la democracia, en virtud de su naturaleza pluralista. ¿Será esto cierto? ¿O tal vez sea una forma de chantaje de sus enemigos, por cuanto ellos se deshacen fácilmente de los suyos en caso de que amenacen su régimen totalitario, lo que casi nunca ocurre porque se les impide actuar a los disidentes, al contrario de lo que sucede en las democracias? Bien se sabe que los totalitarismos no aceptan ninguna alternativa, debido a su naturaleza excluyente.
En consecuencia, resulta inequívoco que para el recto funcionamiento del sistema democrático también debe existir reciprocidad hacia él por parte de quienes reciben sus garantías y el respeto al libre ejercicio de sus derechos. Por lo tanto, si existen grupos extremistas que no hacen suyos esos principios democráticos ni la convivencia que implican para ejercerlos pacíficamente, parece natural que la democracia ejerza su legítima defensa y que aquellos no tengan la misma consideración que quienes sí lo hacen y permiten así su cabal funcionamiento. En este sentido ya hay ejemplos de democracias europeas frente a las amenazas permanentes del nazifascismo y del comunismo.
Un tema de tal naturaleza resulta obligante plantearlo con total seriedad cuando salgamos de la actual pesadilla chavomadurista.