Gehard Cartay Ramírez: El golpe de estado contra Gallegos

Setenta y cinco años después, el golpe de Estado contra el presidente Rómulo Gallegos, primer mandatario electo por el voto popular en Venezuela, acaecido el 24 de noviembre de 1948, sigue siendo una herida no cicatrizada en la reciente historia venezolana.

Gallegos fue depuesto entonces por un “golpe frío”, prácticamente sin que se disparara un tiro, sin que se quebrara un vidrio. Aunque parezca una exageración, esta afirmación se desprende de los testimonios de los actores y testigos del suceso. Uno de ellos, Domingo Alberto Rangel, por ejemplo, afirmó con relación al golpe de 1948: “No hubiera sido más difícil una parada militar” (“La Revolución de las Fantasías”, 1966, página 9).

Lo irónico de todo este proceso es que el golpe militar sepultó, sin resistencia alguna, a un gobierno elegido popularmente apenas once meses antes con un impresionante 74.3 por ciento de los sufragios, el más alto porcentaje de respaldo obtenido por un presidente electo, todavía no superado hasta hoy. Sin embargo, cuando derrocan al presidente Gallegos, casi nadie salió a la calle a defender su gobierno o, al menos, no hubo manifestaciones a su favor. Aquella gestión, al parecer, no tuvo muchos dolientes y la cobardía de quienes lo fueron facilitó el desarrollo de los acontecimientos.

¿Qué había pasado realmente? ¿Cómo se pudo llegar a este desenlace si los militares ya habían planteado reiteradas veces sus puntos de vista, tal vez tratando de evitar el golpe? La verdad es que Gallegos había heredado un encendido clima político, estimulado por la prepotencia de una Acción Democrática victoriosa y una agresiva oposición por parte de los partidos Copei y URD, mientras otros sectores, vinculados a los generales y ex presidentes Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita, se movían en las sombras de la conspiración. Pero el mayor peligro estaba dentro del propio gobierno del ilustre escritor por su firmeza al desechar los planteamientos del alto mando militar, encabezado por el coronel Carlos Delgado Chalbaud, quien había sido ratificado como ministro de la Defensa por Gallegos al suceder a Betancourt en la presidencia.

Una cosa pareciera cierta: los militares negociaron hasta donde les fue posible para impedir la asonada. Puede pensarse, desde luego, que dado el carácter no deliberante de las Fuerzas Armadas les estaba vedado cualquier intento de discusión con el poder civil. Sin embargo, el hecho de formar -hasta ese momento- una alianza política con AD, nacida el 18 de octubre de 1.945 cuando ambos propiciaron el golpe de Estado contra el presidente Medina Angarita, les permitía, por así decirlo, cualquier discusión abierta y franca con sus socios civiles desde entonces. Aquel fue el primer experimento “cívico militar” que hubo en Venezuela. Después vendrían otros, trágicos en verdad, como el que estamos sufriendo desde 1999.

Todas las fuentes documentales consultadas prueban que desde tiempo atrás, incluso antes de ganar Gallegos las elecciones del 14 de diciembre de 1947, ya se había iniciado una permanente discusión entre el liderazgo adeco y los altos oficiales militares, incluyendo la inconveniencia de la candidatura presidencial del novelista, planteada abiertamente por el ministro Delgado Chalbaud al propio Betancourt, Presidente de la Junta de Gobierno, quien en alguna ocasión se lo contó a Rafael Caldera, líder máximo de Copei (“Los causahabientes: De Carabobo a Puntofijo”, Caracas, 1999, página 116).

En realidad, y probablemente antes del golpe de 1945, los jóvenes oficiales estaban dispuestos a actuar como movimiento político e influir sobre los acontecimientos. En un primer momento permitieron que Betancourt y la cúpula de AD tomaran la iniciativa, entregándoles, de entrada, la presidencia y la mayoría de la Junta Revolucionaria de Gobierno. Pero a medida que avanzaba el tiempo su estrategia era la de ocupar mayores espacios. La equivocación de sus socios civiles fue pretender que los mantendrían dentro de los cuarteles, mientras aquellos desarrollaban una gestión de gobierno con claras tendencias hegemónicas y caracterizada, a su vez, por el sectarismo y la exclusión de los demás sectores.

No hay que olvidar, sin embargo, que las Fuerzas Armadas se sentían ya con derecho a intervenir como institución, aún cuando en su seno se movían dos tendencias, una civilista, liderada por Delgado Chalbaud, y otra militarista, encabezada por Pérez Jiménez, quien estaba fuertemente influenciado por las experiencias de los generales Odría en Perú y Perón en Argentina. Esta última priorizaba la conformación de una especie de logia militar que se preparaba pacientemente desde años atrás para tomar el gobierno, mientras que aquélla creía necesario aún el mantenimiento del pacto con los civiles representados por AD. Ambas estaban de acuerdo en presionar al Presidente Gallegos, aunque tal vez con propósitos diferentes.

Delgado Chalbaud, al parecer, resistió durante algún tiempo las pretensiones del ala militarista. Confiaba en que Gallegos, de quien se consideraba pupilo, finalmente flexibilizaría sus rígidas posiciones frente a los planteamientos de las Fuerzas Armadas y facilitaría la continuación del pacto que dió lugar al golpe de 1945. Nada de esto fue posible y la estrategia del entonces Ministro de la Defensa se estrelló contra la firmeza del Presidente de la República.

En cierto modo estos hechos contribuyeron a unificar las dos corrientes existentes entre los jóvenes oficiales, al frente de las cuales se coloca Delgado Chalbaud -con el apoyo de Pérez Jiménez-, sin descartar todavía un último intento de negociaciones con Gallegos. Fue cuando se le presentó al presidente el famoso ultimátum de cuatro puntos (salida del país de Betancourt; prohibición del regreso del comandante Mario R. Vargas; remoción del comandante de la Guarnición de Maracay y desvinculación con AD), rechazado firmemente por este. Inmediatamente se produce el golpe del 24 de noviembre de 1948.

Una última acotación sobre la cuestión militar de estos años: hay quienes sostienen que el golpe contra Gallegos fue un golpe institucional, es decir, producido por el aparato militar unificado. Este concepto también explica porque no fue la típica asonada de un comando ni tampoco la obra exclusiva de un caudillo militar, en este caso -según lo han sostenido algunos-, el teniente coronel Pérez Jiménez.

Esta tesis es válida y explica la actuación del ministro de la Defensa frente a los hechos. Por eso su condición de oficial de mayor jerarquía y, desde luego, su influencia sobre la institución castrense lo llevan a encabezar el golpe militar, no obstante sus esfuerzos por impedir la solución de fuerza que al final se impuso, bajo su dirección como Ministro del ramo.