Hemos sido los venezolanos testigos presenciales de una de las actuaciones más predecibles, comunes y pobres desde un punto de vista intelectual, que con sobradas razones una estructura de gobierno sin asidero en ningún campo ético de la sociedad, escurre lo que le queda dentro de su repertorio de procedimientos arteros.
Aunque puedan hacerse aseveraciones sobre diferencias y semejanzas con otros sistemas de gobierno en el continente, lo real es que la estructura de poder en Venezuela ha torcido quizás su última oportunidad de “salvar” algo de sus elementos que puedan civilmente utilizarse en situaciones posteriores.
No resulta raro las atrocidades de los jerarcas en el poder, solo que son otros tiempos y su debacle y desaparición como hegemonía en el campo social y político es obvia; más aún cuando esos cabecillas han colocado abiertamente y claramente pruebas de subversión hacia las instituciones del Estado, que si bien han utilizado a su antojo por varios años, dicho Estado está explícitamente separado del gobierno y en correspondencia con la sociedad civil.
Con lo anterior queda abierto (aún sin cerrarse el episodio de los crímenes de lesa humanidad) un proceso a través del cual se espera recuperar la seguridad de los venezolanos, pudiendo quedar en los tribunales y demandantes, las acciones que tenga lugar para los responsables de esos actos terribles contra la nación.
El daño infligido a una institución del Estado por órdenes de elementos, funcionarios o dirigentes para socavar los derechos civiles, es un significado manifiesto de subversión que justifica la persecución de un ciudadano venezolano, por lo tanto, debe ser denunciado, condenado, castigado y resarcido el daño.
Se acerca una actividad importante para seleccionar a una persona que incorpore los liderazgos en una sola posición de fuerza y direccionado en los planos de conducción política, que más adelante a través de un plan programático y estructural en los estados pueda facilitar y acelerar la recuperación de Venezuela de 60 años de atraso (al menos) y lanzarla a otros 60 años hacia adelante.
Con los eventos recientes, es conveniente pensar que una vez materializada la selección y aprobación por la mayoría de la población apta para votar, aún si se pretende desde el poder central obstaculizar un proceso ciudadano y democrático, convocar a la soberanía popular a través de los mecanismos establecidos en la Constitución Nacional puede desembocar con mucha probabilidad en una elección presidencial; sin embargo, quedaría pendiente el requisito de hacer frente a las acciones subversivas realizadas por los elementos en el gobierno. Son dos escenarios no mutuamente excluyentes.
@abrahamsequeda