El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), una organización no gubernamental que vela por la protección de los activistas sociales en Venezuela, alertó este miércoles sobre el aumento de las agresiones a defensores de derechos humanos en el país.
Según datos de la ONG, solo en lo que va de 2023 se han documentado 288 ataques contra personas y grupos que promueven y exigen el respeto a los derechos fundamentales, entre los que se incluyen amenazas, intimidaciones, hostigamiento, leyes restrictivas y ataques digitales.
La abogada Mariana Romero, integrante del CDJ, participó en un foro virtual organizado por Amnistía Internacional (AI) y cuestionó la voluntad del Estado venezolano de cumplir con las recomendaciones que le hizo la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el año pasado, en el marco del examen periódico universal.
Romero afirmó que el Gobierno venezolano “profundiza el cierre del espacio democrático” y “continúa con la criminalización, la represión y el control social” de quienes defienden los derechos humanos, a pesar de la presión internacional.
La ONG exigió al Estado venezolano crear “mecanismos efectivos” para garantizar un “pleno y libre” ejercicio de la defensa y la acción humanitaria en el país.
Con información de EFE