Las protestas en Venezuela tienen como denominador común la pauperización del salario. Lejos se encuentra el Estado de poder cumplir lo establecido en artículo 91 del texto constitucional. La remuneración percibida no le permite al trabajador hoy “vivir con dignidad y cubrir las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales” como reza el incumplido contrato social.
Luchar por un salario digno representa una causa justa inmune a toda crítica. Voces de todos los sectores de la sociedad reconocen la urgente necesidad de elevar el poder adquisitivo del ciudadano de a pie. La rechifla de las sanciones imperiales no es un argumento para el incumplimiento de un derecho tan elemental. El salario mínimo debe ser lo suficiente para garantizar una subsistencia plena.
La indignación del trabajador no puede ser menor ante la vergonzosa ostentación del poder de consumo de un gobierno inmoral. No se puede minimizar este tema que se encuentra en el centro del debate nacional cuando estamos en presencia de un empobrecimiento bárbaro. La clase trabajadora, en especial los sectores de educación y de salud, ha demostrado una concientización que se refleja en su accionar político.
No podemos esperar el diálogo en México o la recuperación de la industria petrolera mientras la población padece los embates de una economía errónea. La evaluación de las medidas fiscales y cambiarias implementadas resulta impostergable para lograr un saneamiento macroeconómico. Cualquier aumento irrisorio será devorado si no hay un control real de la inflación, una estabilidad de precios y una solidez de la moneda ante la divisa del norte.
El estamento político en pleno tiene que voltear la mirada a esa Venezuela sufrida. La lucha por un salario digno aglutina a los más diversos sectores del país. No puede ser de otro modo, los derechos son inalienables gobierne quien gobierne.
Franklin Piccone Sanabria
Secretario Nacional de Educación UNT