Padres de la niña Michelle Saraí Pernía, que murió cuando fue desconectada del sistema de oxígeno de la ambulancia para ser trasladada a Colombia en una carretilla a través del Puente Unión, interpusieron la denuncia ante el Ministerio Público en San Cristóbal, estado Táchira.
Anggy Polanco // Corresponsalía LaPatilla
Milagros Sánchez, madre de la niña de 5 años, en medio de lágrimas pidió justicia por la muerte de su hija. Relató que decidieron llevarla para la frontera, porque no tenían recursos económicos para recluirla en una clínica.
“Que se haga justicia con los guardias que no dejaron pasar a mi niña”, expresó la progenitora.
Acompañados del defensor de derechos humanos Walter Márquez, el diputado Juan Carlos Palencia y el periodista Gustavo Azócar, los padres nuevamente exigieron justicia por la muerte de la pequeña de 5 años y expusieron carteles con la foto de la niña.
Walter Márquez, director de la Fundación El Amparo, denunció que este hecho fue un trato inhumano que violó el interés superior del niño y adolescente, el derecho a la vida y al libre tránsito, además se constituye en un homicidio intencional y delito por falta de socorro como lo establecen normas venezolanas.
“Este es un hecho criminal que compromete la cadena de mando, desde el jefe de Estado venezolano hasta el Guardia Nacional que cumplió esa orden arbitraria e ilegal. Por eso responsabilizamos a los altos mandos, civiles y militares de la muerte de esta niña inocente”, dijo Márquez.
Los familiares junto a los abogados y defensores de derechos humanos pidieron a la Fiscalía abrir una averiguación y la detención inmediata del funcionario de la Guardia Nacional responsable, y a la vez que se investigue la cadena de mando.
Walter Márquez señaló que este es un delito penal ordinario y no penal militar, por lo tanto, de acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tiene que ser investigado por los tribunales ordinarios, y no permitirán una dilación indebida por parte del Ministerio Público.
El caso será remitido a la Fiscalía 20 de Derechos Fundamentales y a la Fiscalía 22 de los Derechos del Niño y Adolescente.