El Congreso de Estados Unidos actualizó el listado Engel con 60 nuevos actores, entre ellos funcionarios y exfuncionarios de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua involucrados en procesos antidemocráticos y actos de corrupción.
“Son personas extranjeras que el Presidente ha determinado que han participado a sabiendas en acciones que socavan los procesos o instituciones democráticos; en corrupción significativa; y en la obstrucción de investigaciones sobre actos de corrupción, incluidos los siguientes: corrupción relacionada con contratos gubernamentales; soborno y extorsión; la facilitación o transferencia de la corrupción, incluso a través del lavado de dinero; y actos de violencia, acoso o intimidación dirigidos a investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales”, señala el reporte del Comité de Asuntos Exteriores de la Casa de Representantes.
Para El Salvador son seis los señalados. Entre estos, tres funcionarios del gobierno de Nayib Bukele, el asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta; el secretario de prensa de la presidencia, Ernesto Sanabria; y el jefe de la bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara.
Minutos más tarde, el director de la Oficina de Asuntos Centroamericanos del Departamento de Estado, Patrick Ventrell, argumentó en conferencia telefónica con reporteros sobre la inclusión “actores corruptos” de Nicaragua en la lista.
“El tema de Nicaragua es que hoy hay muy poco, casi nada del Estado de Derecho en el país y muchas de las acciones que hemos tomado bajo esta ley hoy tienen que ver con la persecución política que han hecho un contra de personas que estaban buscando ejercer sus derechos mínimos en Nicaragua”, explicló Ventrell.
Asimismo, el alcalde del departamento de San Miguel por el movimiento político Nuevas Ideas-GANA, Wilfredo Salgado, a quien Estados Unidos señala de participar en narcotráfico y lavado de dinero.
También se incluyen al exfuncionario René Figueroa y a su esposa Cecilia de Figueroa, acusados de desviar 3 millones de dólares de fondos públicos durante el gobierno de Antonio Saca, actualmente preso por el desfalco de 300 millones de dólares.
De Guatemala la lista incluye a José Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), la oficina más mediática del Ministerio Público. Curruchiche fue nombrado en sustitución de Juan Francisco Sandoval, removido en 2021.
También destacan dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Nery Oswaldo Medina y Vitalina Orellana por “socavar instituciones democráticas”. Asimismo, el exrector de la universidad de San Carlos, Carlos Gálvez y varios empresarios.
En Honduras, el listado llega a 15: tres son funcionarios y otros exfuncionarios del gobierno de José Porfirio Lobo. De la lista destacan Rasel Antonio Tome Flores, vicepresidente del Congreso y a quien Estados Unidos señala de incurrir “en una importante corrupción cuando usó su cargo como presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para malversar aproximadamente $327,000 en fondos públicos”.
También aparecen Edgardo Antonio Casaña, diputado del Congreso hondureño. Asimismo, Enrique Alberto Flores, exfuncionario del gobierno hondureño quien estuvo exiliado en Nicaragua y volvió a su país de origen luego de entrada en vigencia la Ley de Amnistía en Honduras.
De los señalados en Nicaragua, la mayoría son jueces y fiscales que de acuerdo a Estados Unidos “socavaron procesos o instituciones democráticas” en función del gobierno de Daniel Ortega.
En Honduras, el listado llega a 15: tres son funcionarios y otros exfuncionarios del gobierno de José Porfirio Lobo. De la lista destacan Rasel Antonio Tome Flores, vicepresidente del Congreso y a quien Estados Unidos señala de incurrir “en una importante corrupción cuando usó su cargo como presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para malversar aproximadamente $327,000 en fondos públicos”.
También aparecen Edgardo Antonio Casaña, diputado del Congreso hondureño. Asimismo, Enrique Alberto Flores, exfuncionario del gobierno hondureño quien estuvo exiliado en Nicaragua y volvió a su país de origen luego de entrada en vigencia la Ley de Amnistía en Honduras.
De los señalados en Nicaragua, la mayoría son jueces y fiscales que de acuerdo a Estados Unidos “socavaron procesos o instituciones democráticas” en función del gobierno de Daniel Ortega.
Video: Reporta, Sofia Pisani, Voz de América, desde Washington