El Impuesto de las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) representa para las empresas del Táchira, además de la carga fiscal, un gasto adicional, pues deben adquirir nuevos sistemas o reprogramar las que tienen para adaptarlos a un modelo multimoneda de divisas que no existen en el país.
Anggy Polanco / Corresponsalía lapatilla.com
Así lo dio a conocer el economista Dilio Hernández, director del CIAP y asesor de Fedecámaras Táchira, quien precisó que entre el 80% y 90% de las empresas de la región fronteriza no tienen las máquinas fiscales acondicionadas para el cobro del impuesto.
Por tal motivo, el especialista consideró que técnicamente la aplicación inmediata del impuesto del 3%, es un exabrupto, por no decir irresponsable, pues genera una larga cadena de vicios, corrupción y evasión fiscal.
“Hemos dicho que el IGTF es un impuesto indirecto regresivo con efecto en cascada, es decir, acumulativo a lo largo de la cadena fiscal con graves fallas técnicas y legales para su aplicación, que no distingue entre personas naturales y jurídicas, y se carga indiscriminadamente cuando cualquier persona paga en divisas cualquier bien o servicio hecho ante un sujeto pasivo calificado por el Seniat como contribuyente especial”, explicó.
El economista expuso que en un supermercado, ferretería, farmacia, entre otros comercios, deberán cargar en su factura un 3 % al valor de la compra si lo cancela en divisas o cripto activos, diferentes al petro, con lo cual se afecta su poder adquisitivo sin discriminar si tiene o no recursos, es rico o pobre.
Consideró que desde el punto de vista jurídico este impuesto debe ser revisado y reformado por su carácter regresivo, discriminatorio y de inequidad fiscal, cuyo único beneficio es proporcionarle al Ejecutivo entre el 15% al 17 % de los ingresos fiscales del gobierno, superior incluso al ISLR, y que terminará afectando el poder adquisitivo.
Señaló que la imposición del IGTF eleva el costo de la vida e incrementa la pobreza en un país donde el 90% de su población vive en condiciones de pobreza de ingreso, el 60 al 70% de las transacciones comerciales se hacen en divisas. Afecta a quienes reciben remesas de los más de 6,5 millones de venezolanos que emigraron y envían unos 3.000 millones de dólares para aliviar la situación de las familias que viven en el país, con una canasta básica de alimentos superior a los 400 dólares mensuales.
“Es fundamental que la sociedad venezolana, trabajadores, empresarios y sociedad civil organizada, aúnen esfuerzos para solicitar la reforma del impuesto, posponer su aplicación hasta que las condiciones técnicas y jurídicas estén dadas para su aplicación como alternativa fiscal que cubra las necesidades del Estado”, refirió Dilio Hernández.