Un grupo de organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes lanzó en Los Ángeles, California, una campaña de dos semanas cuyo objetivo es presionar a los 50 senadores demócratas, al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris, para que recuperen el debate de la reforma migratoria en el Congreso.
Por Univision
“Estamos en un momento crítico como país. Al comenzar 2022, la legislación Build Back Better (proyecto Para una Mejor Reconstrucción -BBB-) que promete inversiones históricas en cambio climático, cuidado infantil, educación e inmigración pende de un hilo”, dijo una coalición integrada por nueve organizaciones.
La campaña asoma seis semanas después del tercer rechazo de la principal asesora del Senado, la abogada Elizabeth MacDonough, al plan demócrata de i ncluir en un paquete de reconciliación del presupuesto una enmienda para legalizar a millones de inmigrantes indocumentados.
Promesa de campaña
La reforma a las leyes de inmigración para legalizar a la mayoría de los 11 millones de indocumentados que viven en el país es una de las principales promesas de campaña inconclusas del presidente Joe Biden.
El 18 de marzo, 50 días después de llegar a la Casa Blanca, la Cámara de Representantes aprobó dos proyectos de ley con apoyo bipartidista que incluyeron un camino a la ciudadanía para unos 8 millones de extranjeros sin papeles, algunos de ellos con más de dos décadas en el país.
La lista de beneficiarios incluyó jóvenes indocumentados que entraron ilegalmente a Estados Unidos antes de los 16 años y se les conoce como dreamers, titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS), trabajadores esenciales y campesinos.
Tras el envío de ambas iniciativas, los republicanos anunciaron que no darían un solo voto. Para aprobar leyes en el senado se requieren 60 votos. Demócratas y republicanos tienen 50 asientos cada uno.
Paquete de reconciliación
Al no contar con una mayoría de 60 votos, los demócratas echaron mano a una herramienta que data de los años 70, se conoce como paquete de reconciliación y se utiliza para aprobar con mayoría simple de 51 votos leyes relacionadas con el presupuesto.
La Ley de Gasto Social de Biden (BBB), que los republicanos también rechazaron desde un inicio, estaba siendo preparada para discutirla en el pleno y aprobarla con mayoría simple de 51 votos (los 50 senadores demócratas más el voto de la vicepresidenta Kamala Harris, que rompe el desempate).
Utilizando esta herramienta los demócratas prepararon entonces el terreno para que en el paquete de reconciliación se incluyera una enmienda de inmigración, donde iría la legalización de millones de indocumentados y una inversión de $100,000 millones para modernizar el sistema migratorio que data de 1965.
Tres planes presentados entre septiembre y diciembre, dos de ellos relacionados con otorgar la residencia permanente a unos 8 millones de indocumentados y un tercero disminuido a una residencia temporal por 10 años, fueron desestimados por MacDonough quien argumenta que sacar de las sombras a esos millones de inmigrantes sin papeles, contiene “cambios sustanciales de política con efectos duraderos” que “superan el impacto presupuestario”, razón por la cual rechazó las iniciativas dejando los planes a las puertas de un desenlace fatal.
Quiebre en la bancada
Tras el rechazo del Plan C a mediados de diciembre, los demócratas tampoco se pusieron de acuerdo para aprobar el plan de gasto social de Biden.
El 19 de diciembre el senador Joe Manchin (West Virginia) dijo que en los últimos cinco meses y medio había trabajado de la manera más diligente posible reuniéndome con el presidente, el líder (Charles) Schumer, la presidenta (Nancy) Pelosi “y mis colegas en todos los extremos del espectro político para determinar el mejor camino a seguir a pesar de mis serias reservas” al Plan de Gasto Social.
Manchin precisó que no estaba de acuerdo con la aprobación del BBB, una postura que también comparte la Senadora por Arizona, Kyrsten Sinema. Si estos dos votos y la ausencia de apoyo republicano no habrá ley de presupuesto “y tampoco legalización de indocumentados”, advirtieron a Univision Noticias fuentes demócratas conocedoras de las discusiones que se llevan a cabo a puertas cerradas.
El último esfuerzo
Ante este escenario, las organizaciones, entre ellas la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), FIRM Action, el American Friends Service Committee, Nakasec Action Fund y Make The Road, señalaron que la bancada demócrata del Senado “tiene el poder de cumplir con millones de inmigrantes y sus familias al proporcionar un camino hacia la ciudadanía a través de tarjetas verdes en BBB”.
Indicaron que “una simple actualización” de la fecha de la denominada Ley del Registro, de 1972 a 2010, “pondría las tarjetas de residencia al alcance de millones de inmigrantes que han echado raíces aquí, que viven y trabajan en nuestras comunidades y que llaman a este país su hogar”.
La modificación de la citada ley fue incluida a finales de septiembre en el llamado Plan B, que fue entregado de manera extraoficial a MacDonough por lo que su rechazo no debería incluirse dentro de las tres respuestas entregadas por la Parlamentarian.
Durante las próximas dos “Semanas de Acción Virtuales, nosotros, las organizaciones de derechos de los inmigrantes, estamos aumentando la presión para garantizar que la Casa Blanca y los demócratas no se den por vencidos con esta ley transformadora”, señalaron.
“Nuestro objetivo es reunirnos con los 50 demócratas del Senado, mejorar las historias de los electores directamente afectados e instar a la bancada a cumplir su promesa de ciudadanía”. Para ello, agregaron, “deben ignorar a la Parlamentarian mientras restablecen las protecciones permanentes para los inmigrantes a través de una actualización de la Ley del Registro en el Build Back Better”, apuntaron.
La Ley del Registro
La denominada Ley del Registro es una disposición que permite a ciertos extranjeros sin papeles que se encuentran en Estados Unidos a partir del 1 de enero de 1972, carecen de antecedentes criminales y tienen buen carácter moral, solicitar la residencia legal permanente (LPR o Green Card).
“Es la primera vez que se utiliza después de la Amnistía de 1986”, dice Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego
“Sin embargo, para que sea efectiva, deberán tocar el reglamento. Y una vez lo conozcamos, saber a cuántas personas beneficiaría”.
Un informe del American Immigration Council (AIC) señala que la Ley del registro (Registry) “permite a ciertos no ciudadanos que llevan tiempo viviendo en Estados Unidos, pero que son indocumentados o están presentes en el país bajo algún tipo de estatus migratorio temporal, ‘registrarse’ para recibir el estatus de Residente Legal Permanente (LPR)”.
Para calificar el extranjero debe demostrar que se encuentra en territorio estadounidense al menos desde el 1 de enero de 1972 o antes, tener buen carácter moral y residencia continua desde su ingreso.
“Nada de órdenes de deportación, ni salidas voluntarias, ni crímenes, ni faltas, ni nada que los convierta en inadmisibles”, advierte Velásquez.
“Hace muchos años que no tengo un caso de estos. Se usó mucho con la Amnistía de Reagan y desde entonces no la he visto. Pero está vigente”, indica.
“Si logran aprobarla y modifican la fecha de registro (de la entrada al país), sería una solución beneficiosa para miles de indocumentados y personas con acción diferida o titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS)”, subraya.
La actual fecha de registro, el 1 de enero de 1972, “se fijó en 1986”, explica el AIC. Y añade que “esta fecha es ahora tan lejana que pocas personas son elegibles”.
“Sin embargo, el Congreso tiene el poder de adelantar la fecha de registro nuevamente en cualquier momento, lo que potencialmente permitiría que millones de no ciudadanos se conviertan en LPR y, en última instancia, en ciudadanos estadounidenses”, dice Velásquez.