Adora Pérez ha pasado los últimos cuatro años de su vida en una cárcel de California por un crimen que ella dice no cometió. La noche del 31 de diciembre de 2017 dio a luz a su hijo, pero muerto. Los médicos llamaron a la Policía tras denunciar que el hecho habría resultado del consumo excesivo de drogas y afirmaron que el feto murió entre 12 y 18 horas antes del aborto espontáneo.
Por Univision
Pérez fue arrestada dos días después, cuando aún se encontraba en el área de maternidad del hospital, y fue acusada de “asesinato fetal”, lo cual la metió en un laberinto legal del cual no ha podido salir.
Llevaba tres meses en un penal femenil cuando sus abogados le sugirieron que se declarara culpable para “evitar la posibilidad de obtener la cadena perpetua en el caso de asesinato”, señalan documentos judiciales. Ella aceptó dicha estrategia legal pensando que no tenía una mejor opción y cuando se arrepintió era demasiado tarde. Un juez negó su intento de retirar el acuerdo con los fiscales y en junio de 2018 le impuso la pena máxima por su delito: 11 años de cárcel.
El magistrado determinó que había una “base fáctica” para el cargo de asesinato porque los principales factores que contribuyeron a la muerte del feto fueron “asfixia por desprendimiento de la placenta y un nivel tóxico de metanfetamina dentro del feto”, se describe en el caso.
Esta joven de 33 años, quien comenzó a drogarse desde la adolescencia después de que un amigo de la familia abusó de ella sexualmente, afirma desde la cárcel que jamás trató conscientemente de quitarle la vida a su bebé. “No quise lastimar intencionalmente a mi hijo”, dijo Pérez en una entrevista que le concedió a finales de 2020 al diario Los Angeles Times , el primero en reportar este caso.
“No sabes lo que es estar drogado a menos que hayas estado drogado”, dijo al mismo medio y reclamó que sus abogados le hicieron creer que lograron “un buen acuerdo” cuando firmó su culpabilidad.
El caso de Adora Pérez: la fiscalía brinda apoyo
El caso de Adora Pérez está ahora en el centro de una disputa legal a la cual se ha sumado la fiscalía General de California, que le ha brindado apoyo jurídico para liberarla lo antes posible. En tanto, los fiscales del condado King, quienes la procesaron penalmente, mantienen su postura.
“La pérdida de un embarazo en cualquier etapa es una experiencia traumática física y emocional que no debe ser exacerbada por la amenaza de ser acusado de asesinato”, dijo el fiscal estatal Rob Bonta este jueves, al refrendar en un comunicado su lucha para sacar de la cárcel a Pérez.
Su oficina fue más allá este jueves al enviar una alerta legal a todos los fiscales de distrito en California, así como jefes de policía y alguaciles, precisando que la sección 187 del Código Penal estatal, la cual fue usada para condenar a Pérez, se enmendó en 1970 con la intención de responsabilizar a quienes infligen daño a personas embarazadas, lo que resulta en aborto espontáneo, no para castigar a las personas que sufren la pérdida de su embarazo.
Bonta señaló que el objetivo de su alerta es evitar repercusiones “peligrosas”, como disuadir a que embarazadas que consumen drogas busquen atención médica necesaria y hasta vital por miedo a terminar en la cárcel, fomentar el “escrutinio policial innecesario” en abortos espontáneos (que son eventos relativamente comunes) y crear “impactos desproporcionados en la justicia penal”.