Oposición asume presidencia del Consejo Legislativo del Zulia tras cuatro años de abandono y destrucción chavista

Oposición asume presidencia del Consejo Legislativo del Zulia tras cuatro años de abandono y destrucción chavista

De conformidad con lo establecido en la Constitución del Estado Zulia y las normativas que rigen el funcionamiento administrativo del poder legislativo del estado Zulia, el Consejo Legislativo (CLEZ) se realizó la instalación y juramentación de la nueva junta directiva conformada por los legisladores Iraida Villasmil en la presidencia, Edgar Antúnez en la vicepresidencia y Mervin Bracho en la secretaría de la cámara para el período 2022/2023.

Por Corresponsalía La Patilla





La presidenta Iraida Villasmil señaló que desde ya empezarán a legislar en función del desarrollo y rescate del estado Zulia, abandonado, saqueado y destruido por completo durante la gestión anterior chavista.

Destacó que legislarán en materia de turismo para explorar en esta área, la cual puede aportar dividendos a la región para su recuperación y desarrollo. Así mismo mencionó que abordarán el tema de la crisis eléctrica acentuada en la región desde hace tres meses y el problema del suministro de combustible, además de todas las áreas de interés social.

La legisladora informó que sostendrá una reunión con el gobernador Manuel Rosales para abordar la reestructuración y rescate de los centros de salud en el Zulia, dado el rebrote de Covid-19 y muchas otras patologías presentes en la región.

“Ya el personal médico está recibiendo la tercera dosis de la vacuna contra el Covid 19. Se empezó por ellos para proteger a quienes día a día batallan contra esta terrible pandemia y progresivamente se incorporarán los ciudadanos de todas las edades”.

Villasmil dijo que para este periodo legislativo en el Clez se reconocerá los pasivos laborales a los más de doce empleados que fueron sacados de nóminas y a los cuales se les prohibió la entrada en la institución de manera arbitraria por la gestión saliente encabezada por la afecta al régimen chavista, Ángela Fernández, quien violó los derechos humanos y laborales de los trabajadores por diferir con las políticas oficialistas, acciones apoyadas por el exgobernador, Omar Prieto.