El 2021 dejó recordados procesos de extradición en los cuales los países solicitantes lograron tener bajo el dominio de sus autoridades a procesados de renombre. El año pasado se presentó, en especial, el regreso a Colombia de ciudadanos investigados por años, de quienes se tenía información a cuentagotas. También, Alex Saab fue llevado a Estados Unidos, país que por más de un año solicitó al empresario barranquillero para enjuiciarlo por presunto lavado de activos de millones de dólares.
Por El Espectador
Carlos Mattos y un caso que avanzaba ante su ausencia
El pasado 17 de noviembre, el reconocido empresario Carlos Mattos, de 73 años, regresó a Colombia proveniente desde España. El año pasado fue capturado en medio de un proceso de extradición solicitado por autoridades nacionales desde 2018, pues contra el antiguo amo y señor de Hyundai Colombia están en curso dos juicios. Ahora, los enfrentará desde la cárcel La Picota en Bogotá. Ambos expedientes están en etapa preparatoria, es decir, se está definiendo cuáles son las pruebas que entrarán en valoración del juez para condenarlo o absolverlo en primera instancia por supuestamente intentar torcer un antiguo expediente a su favor.
El caso se remonta a 2016, cuando la casa matriz de Hyundai en Corea rompió relaciones comerciales con Carlos Mattos luego de 25 años, para comercializar sus autos con el grupo ecuatoriano Eljuri. El empresario interpuso una demanda civil, con la que logró una medida cautelar que frenó la decisión de la multinacional. Luego se supo que el juez que emitió esa decisión, Reinaldo Huertas, habría recibido dádivas por parte de Mattos, entre ellas un carro. La investigación apunta a que hubo toda una maquinaria para repartir la demanda civil al despacho de Huertas.
Las sospechas contra el juez Reinaldo Huertas, en el ámbito disciplinario, fueron confirmadas el pasado 12 de noviembre. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial destituyó e inhabilitó por 15 años al funcionario por, según la hipótesis, recibir dinero de Carlos Mattos. Por otro lado, en septiembre de 2019, la jueza Ligia del Carmen Hernández fue condenada a dos años de cárcel por recibir “nada más”, como lo testificó, $100 millones del empresario. Contra el ingeniero Edwin Angulo, exfuncionario de Administración Judicial, pesa una condena de 44 meses por manipular el sistema de repartos para elegir al juez Huertas para resolver la demanda civil de Mattos.
Alex Saab, de Cabo Verde a Estados Unidos
Foto: Tomada de Florida.arrests.org
Justo un mes antes de la extradición de Mattos, el empresario barranquillero Alex Saab fue trasladado con fines de extradición a Estados Unidos. Tras más de un año en una prisión de Cabo Verde, isla africana, la justicia de ese país desenredó todo un lío judicial y diplomático a favor de las autoridades norteamericanas. Es procesado por una corte federal en Miami, Florida, la cual lo requería tras acusación del Departamento de Justicia de EE.UU. Es señalado como presunto testaferro del presidente Nicolás Maduro y por lavado de activos por más de US$ 350 millones.
En 2019, el Departamento de Justicia acusó a Saab y a su socio Álvaro Pulido por ocho cargos relacionados con lavado de activos, producto de la corrupción en contratos de construcción y otros relacionados con la importación de alimentos, venta de petróleo y oro. Durante el último año los abogados del empresario nacional han negado esa hipótesis. De hecho, el pasado 15 de noviembre, Saab se declaró “no culpable” por el único delito que actualmente enfrenta. Todo porque, días después de arribar a Estados Unidos, la Fiscalía desestimó siete de los ocho cargos que tenía en su contra, para cumplir las garantías que solicitó Cabo Verde para permitir el traslado.
Además, Saab está en juicio en Colombia. La Fiscalía nacional lo acusa de utilizar Shatex, una empresa textil creada en 1998, para realizar supuestamente importaciones y exportaciones fingidas por más de US$ 100 millones. Saab habría manipulado contabilidades y registros financieros. Incluso, que con operaciones de comercio exterior se habría lavado alrededor de $25.000 millones, los cuales, se acusa, llegaron desde Venezuela en 2007 y salieron de Colombia a cuentas del exterior de sociedades fantasmales.
El Zarco, reclutador de víctimas
Foto: MIGRACION COLOMBIA
A lo largo de 2021, Colombia escuchó de un hombre que habría participado de las extradiciones extrajudiciales en Tolima como reclutador: Luis John Castro Ramírez, alias El Zarco. Luego de más de tres intentos por parte de las autoridades nacionales, cuya omisión y descuido reportó la Audiencia Nacional de España, el pasado 13 de septiembre El Zarco regresó al país. Durante el proceso de extradición incluso el procesado fue liberado y tuvo que ser recapturado.
En el país está imputado por los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir. No aceptó cargos, a pesar de que en el pasado había confesado participar en falsos positivos en 2008. Según el ente investigador, se tiene documentados tres casos en los cuales habría 14 víctimas que fueron asesinadas por miembros del Ejército, luego de ser reclutadas por El Zarco. La modalidad, explica la Fiscalía, consistía en engañar mediante promesas de trabajo o remuneraciones económicas a las víctimas.
La Silla, un presunto narco en Estados Unidos
Foto: Archivo particular
Elkin Javier López Torres, conocido con el alias de la Silla, quien había sido capturado en diciembre de 2019 por las autoridades colombianas, fue enviado a Estados Unidos el pasado 13 de agosto. Es procesado por la Corte Distrital para el Distrito Este de Texas, por tres delitos relacionados con narcotráfico: elaboración y distribución de cocaína, concierto para importar la misma droga y concierto para poseer el estupefaciente mientras está a bordo de embarcaciones sujetas a la jurisdicción del país norteamericano.
López Torres también era señalado hasta hace muy poco por la Policía de controlar el 40 % de la cocaína que salía del Magdalena. Según una declaración dada en marzo de 2018, él mismo le habría reconocido a autoridades panameñas que era un narcotraficante: “López Torres se había enterado de que estaba siendo investigado en los Estados Unidos y Colombia y admitió su deseo de cooperar con la investigación”, dijo en una declaración jurada Tiffany Hernández, agente de la DEA que le siguió por años. Mientras se resolvía su extradición, las autoridades nacionales le incautaron 36 bienes, por un valor de $8.000 millones en Valledupar y Santa Marta.
Con información de El Espectador