El presidente Joe Biden está preparado para emitir acciones ejecutivas el martes para reducir el uso de prisiones privadas y establecer nuevos límites a la transferencia de equipo militar a las fuerzas del orden locales, según una persona familiarizada con el asunto y un documento de planificación.
Por Reuters
Las acciones ejecutivas son parte de un impulso más amplio de la nueva administración para revertir las controvertidas políticas del predecesor de Biden, Donald Trump, promover la reforma de la justicia penal y abordar la inequidad racial en los Estados Unidos.
Los representantes de la Casa Blanca y el Departamento de Justicia no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Algunas de las acciones de la administración Biden restablecerán políticas en el Departamento de Justicia que estaban vigentes durante la administración del ex presidente Barack Obama, según el documento de planificación que la Casa Blanca distribuyó a los demócratas del Congreso.
Tras el fatal tiroteo policial de un adolescente negro en Ferguson, Missouri, en 2014, Obama redujo el programa de transferencia de equipo militar del gobierno federal a las fuerzas del orden locales en medio de una protesta pública por su uso.
La política de la era de Obama impuso límites a los tipos de equipo que los departamentos de policía podían recibir y les exigió que justificaran la necesidad de artículos como helicópteros, cascos antidisturbios y granadas “flash-bang”.
La medida para reducir el uso de prisiones privadas es también una política de la era de Obama que fue defendida por la entonces fiscal general adjunta Sally Yates.
Estados Unidos fue sacudido por protestas callejeras en 2020 por los asesinatos de hombres y mujeres negros a manos del policía, incluido George Floyd en Minneapolis en mayo.
La muerte de Floyd ha ayudado a generar nuevos pedidos de reformas para abordar el racismo sistémico, tanto en la forma en que se vigila y se encarcela a las comunidades negras.
Otras posibles acciones ejecutivas en proceso incluyen reformas dirigidas a decisiones procesales y sentencias, así como políticas relacionadas con el voto y otras leyes de derechos civiles.
El documento visto por Reuters no tenía detalles sobre ellos, diciendo que eran “TBD” (por determinar).
Sin embargo, Biden se comprometió anteriormente a reducir el uso de sentencias mínimas obligatorias, una política que también fue impuesta por la administración Obama, pero que luego se deshizo después de que Trump asumió el cargo.
Los activistas también han presionado para que se ponga fin al uso de la pena de muerte para delitos federales.