Las mujeres menores a 18 años tendrán que obtener la autorización de sus padres para someterse a una interrupción del embarazo luego de que la Legislatura de Florida aprobó el jueves un proyecto de ley que se prevé sea promulgado por el gobernador Ron DeSantis.
Por: Miami Mundo
La Cámara de Representantes del estado votó 75 a favor y 43 en contra, acorde con las líneas partidistas, el proyecto de ley que amplía una ley vigente que requiere que los padres de las jóvenes sean notificados antes de que puedan someterse a un aborto. DeSantis pidió a los legisladores que le enviaran la propuesta durante su discurso del Estado con el que dio inicio el periodo de sesiones el mes pasado.
“Estamos hablando sobre una niña, y estamos hablando sobre una niña que espera un bebé”, dijo la representante Erin Grall, quien patrocinó la medida. “Al incluir a los padres en esta decisión, otorgamos poderes a la familia. Es la columna vertebral de nuestra sociedad civilizada”.
El debate sobre el proyecto de ley duró casi cuatro horas.
La iniciativa tiene una cláusula que permitirá que una joven pida a un juez una dispensa de la ley en casos de abuso, incesto o cuando involucrar a un padre de familia pudiera causar más daño que permitir el procedimiento. Sin embargo, los opositores a la propuesta argumentaron que pedirles a los menores enfrascarse en procesos legales cuando ya están atemorizados y avergonzados podría provocar que se sometan a procedimientos ilegales.
Los demócratas también señalaron que algunas niñas podrían arriesgarse a que las corran de sus casas o a ser golpeadas si les dicen a sus padres que están embarazadas. Pero Grall dijo que sólo porque hay algunos padres malos, no significa que se deban eliminar los derechos de otros a ser parte de la decisión.
Otros 26 estados del país solicitan que por lo menos uno de los padres entregue un permiso por escrito que autorice al médico poner fin al embarazo de una menor de edad. Los médicos que realicen abortos sin el consentimiento de los padres a una joven menor a 18 años enfrentan hasta cinco años en prisión por un delito de tercer grado.