Los funcionarios públicos y trabajadores formales del sector público privado, que hayan sido víctimas de los supuestos enunciados en el artículo 3 de la Ley de Garantías para Funcionarios y Trabajadores del Sector Público y Privado y Sectores Sociales que participen en el restablecimiento de la democracia, les serán restituido todos sus derechos humanos laborales, previa solicitud del afectado y demostración ante el órgano especial dispuesto en el artículo 7 de la mencionada Ley.
El diputado Rafael Veloz tuvo a su cargo la presentación de este Proyecto de Ley el 2 de abril, siendo aprobada en primera discusión. El parlamentario indicó que “la aprobación de esta ley es de vital importancia para apoyar a los trabajadores en el país, que devengan sueldos que son insuficientes para cubrir sus gastos básicos”.
“Es oportuno recordar que el 5 de febrero de este año la Asamblea Nacional aprobó el Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución Nacional, que establece el marco normativo que rige la transición democrática en Venezuela, en aplicación directa del artículo 333 de la CN, el cual definió entre sus objetivos fijar los lineamientos para garantizar los derechos humanos, civiles, políticos y sociales en las diferentes fases de la transición, hasta la recuperación efectiva del orden constitucional, la autonomía de poderes y la democracia”.
Agregó Veloz que la Ley de Garantías busca proteger y garantizar la estabilidad y condiciones laborales a los funcionarios y trabajadores públicos de los órganos y entes del Estado, incluyendo a los trabajadores del sector privado que puedan ser perseguidos, amedrentados, suspendidos sus sueldos, en resumen, perjudicados por participar en las acciones que se planteen en defensa de la Constitución, el restablecimiento de la democracia y el orden institucional de la Nación.
Veloz quién le correspondió presentar este instrumento legislativo de estabilidad laboral agregó en relación a huelga y a la protesta laborales que “esta ley garantiza esos derechos de los trabajadores sin requisito previo alguno y en todo el territorio nacional, por lo cual no podrán ser víctimas de criminalización de su ejercicio por razones de opinión y accionar político en defensa de la Constitución y el cese del régimen usurpador”.
Para finalizar se refirió al desempleo en el país “son preocupantes los índices que el Fondo Monetario Internacional señaló recién sobre la economía venezolana: un colapso de ella que no se observaba en décadas con una tasa de desempleo de 44,3% para este año.