La lista de funcionarios chavistas a los que las autoridades de Estados Unidos han sancionado no deja de crecer, pero Washington ya no solo está apuntando contra altos cargos sino contra ejecutores de acciones inconstitucionales o violatorias de los Derechos Humanos. Así lo demuestra la medida adoptada contra el coronel de la Guardia Nacional, Bladimir Humberto Lugo Armas, responsable de la seguridad del Palacio Federal Legislativo.
Nota de prensa
Lugo ha saltado a la palestra en las últimas semanas por agredir al presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, cuando este le exigió explicaciones por las cajas con el logo del Consejo Nacional Electoral (CNE) que estaban almacenando en la sede del Parlamento; y además por no actuar cuando grupos afectos al oficialismo asaltaron el Capitolio el pasado 5 de julio, luego de que se desarrollara la sesión especial con motivo del 206 aniversario de la Firma del Acta de Independencia.
En este último hecho, el segundo registrado desde que la oposición es mayoría en la AN, al menos siete diputados y trabajadores del Legislativo fueron heridos, sin contar que varios periodistas e invitados fueron robados y posteriormente secuestrados durante horas en el Capitolio, sin que los uniformados a cargo del coronel hicieran nada al respecto.
Para las autoridades estadounidenses el comportamiento del coronel, quien de paso ha sido señalado en reiteradas ocasiones de impedirle a los periodistas ingresar a la sede de la AN para poder cubrir las sesiones y otras actividades parlamentarias, ha supuesto un atentado contra “las instituciones en Venezuela”.
“Las sanciones (…) van en contra de siete funcionarios actuales y antiguos del gobierno venezolano y un individuo que ha participado en acciones o políticas que socavan procesos democráticos o instituciones en Venezuela”, señaló el Departamento del Tesoro en el comunicado donde informó de la incorporación de ocho venezolanos más en la lista de la Oficina del Tesoro de Control de Activos Extranjeros (OFAC), en clara alusión al uniformado.
Antes de haber sido removida por la cuestionada Constituyente la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, le abrió una investigación al uniformado y lo citó para imputarlo. Sin embargo, Lugo desacató abiertamente la convocatoria del Ministerio Público.
Lugo no podrá ingresar a territorio estadounidense, sus bienes y fondos en ese país fueron congelados y ningún ciudadano o empresa estadounidense podrán realizar ninguna operación económica con él.