La unidad de acción sindical y gremial propone un acuerdo nacional para superar la crisis y fortalecer el aparato productivo nacional con empleos y salarios dignos. Mediante un comunicado plantean las bases del nuevo camino para el país.
Asimismo, califica de craso error, que en lugar de propiciar el diálogo social y la colaboración entre los órganos del poder público, tal como lo ordena la Constitución, el gobierno y su partido se encierren en sí mismos, alienten conflictos de poderes e insistan en la confrontación entre los venezolanos.
A continuación, el texto:
El resultado de las elecciones parlamentarias del pasado 6D demuestra que el pueblo venezolano y en particular, la clase trabajadora, quiere un cambio positivo, en paz y en democracia, que mejore nuestras condiciones de vida y de trabajo y garantice, tanto a nosotros como a nuestros hijos, un futuro de progreso y bienestar social.
Deploramos que todavía el Gobierno Nacional, no haya leído bien el mensaje del voto mayoritario de la población e insista en posiciones revanchistas, en lugar de aceptar y asumir que dichos resultados tienen como causas fundamentales, los errores cometidos por el propio Gobierno, que han generado una grave crisis económica, cuyas consecuencias han sido, entre otras, la inflación más alta del mundo, la escasez de alimentos, medicinas e insumos indispensables para atender nuestras necesidades básicas y el auge de la delincuencia; que ha multiplicado la cifra de homicidios y secuestrado la vida cotidiana de la ciudadanía.
Nos parece un craso error, que en lugar de propiciar el diálogo social y la colaboración entre los órganos del poder público, tal como lo ordena la Constitución, el gobierno y su partido se encierren en sí mismos, alienten conflictos de poderes e insistan en la confrontación entre los venezolanos. La designación de nuevos magistrados del TSJ, hecha por unos parlamentarios carentes de legitimidad y sin cumplir los procedimientos constitucionales, es una lamentable provocación, contraria a los más elementales principios democráticos.
Es evidente que la economía del país está en bancarrota; lo cual hace indispensable un viraje en la política económica que ataque la raíz de los problemas, en lugar de proseguir invocando guerras económicas y enemigos externos. Con precios del petróleo en caída, es necesario reformular la política social y tomar medidas para detener el avance de la pobreza.
En la UNIDAD DE ACCION SINDICAL Y GREMIAL, tenemos la convicción de que, para superar la enorme crisis que padecemos y garantizar la gobernabilidad democrática, es necesario un gran acuerdo nacional, cuyo objetivo estratégico sea convertir a Venezuela en un país productivo, con equidad y justicia social.
Ello implica iniciar, cuanto antes, un proceso de diálogo entre el gobierno y todas las organizaciones de los trabajadores y de los empleadores, tendente a crear el marco adecuado para la inversión, el desarrollo industrial y el fortalecimiento del aparato productivo nacional, asumiendo como principios ineludibles la preservación de los puestos de trabajo existentes y la creación de empleos de calidad; así como garantizar protección social adecuada y salarios dignos que mejoren el poder adquisitivo de la familia venezolana.
En ese contexto, exigimos al Ejecutivo Nacional que cumpla con las recomendaciones emanadas del Consejo de Administración, Comité de Libertad Sindical y las últimas Conferencias de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y acepte el apoyo técnico y la cooperación de dicha institución para facilitar y reconstruir el diálogo social en nuestro país.
Exhortamos a la Asamblea Nacional, que se instalará el próximo 5 de enero de 2016, a que propicie los encuentros necesarios para que dicho proceso de diálogo se inicie y desarrolle. Le solicitamos que invite formalmente una Comisión de la OIT a visitar el país, con la finalidad de coadyuvar en la instalación de una mesa de diálogo social.
Los trabajadores exigimos que se le ponga fin a la criminalización de las luchas laborales; a la denegación de justicia; a la persecución y satanización de quienes denunciamos la corrupción en las altas esferas gubernamentales. Requerimos que cesen los despidos, desmejoras, enjuiciamiento y persecución de nuestros compañeros que luchan por sus derechos consagrados en la constitución, las leyes laborales, convenios internacionales y convenciones colectivas de trabajo. De igual forma, rechazamos la depredación ambiental promovida por el gobierno que pone en peligro cualquier proyecto de reconstrucción nacional.
En esa perspectiva y en resguardo de principios fundamentales del sindicalismo, como la autonomía e independencia de nuestras organizaciones frente al Estado, los patronos y los partidos, informamos a los trabajadores y al país que promoveremos la aprobación de una Ley Orgánica de Libertad Sindical, que suprima la intromisión del gobierno u otros factores externos, ajenos al movimiento sindical, en los asuntos propios de los sindicatos y garantice el ejercicio libre de los derechos de organización, negociación colectiva, manifestación y huelga.