Los representantes del Estado de Argentina no se presentaron hoy a una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dedicada a tratar la situación de la independencia judicial del país, que celebra elecciones presidenciales este domingo. EFE
Poco antes de que se celebrara la audiencia, que comenzó a las 9.00 horas (13.00 GMT), los representantes gubernamentales enviaron una petición formal a la Comisión para que se suspendiera debido a la cercanía de las elecciones, según dijo en la sesión el brasileño Paulo Vannuchi, miembro de la CIDH y relator para Argentina.
“Nos reunimos y decidimos mantener la audiencia”, destacó Vannuchi, que calificó de “intempestiva” la solicitud del Gobierno argentino y recordó que la CIDH, ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), estaba abierta a oír antes la opinión del Estado sobre la oportunidad de la audiencia.
Argentina entró hoy en un período de reflexión para las elecciones presidenciales que se celebrarán dentro de 48 horas, en las que unos 32 millones de personas pueden votar para elegir al mandatario que dirigirá el país durante los próximos años, así como cargos legislativos y locales.
Durante la audiencia el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, defendió que la independencia judicial es uno de los “pilares de la Comisión” y señaló que el organismo ha celebrado en los últimos años hasta 20 audiencias sobre el tema, muy sensible para el Gobierno de la presidenta argentina, Cristina Fernández.
“La crisis judicial se sintetiza en tres conceptos centrales: una crisis técnica, una crisis institucional por la antigüedad de su diseño y una crisis política por la pérdida de confianza de quien ocupa algunas magistraturas bien importantes”, destacó Torcuato Alfredo Sozio, de la Asociación argentina por los Derechos Civiles.
“La crisis de la Justicia se ha traducido en una falta de acceso a la Justicia para los colectivos menos favorecidos y la complejidad de acceder al sistema”, alertó Sozio ante los sillones vacíos destinados a los representantes del Estado.
Sozio y Álvaro Herrero, de la asociación Poder Ciudadano, enunciaron ante la CIDH “los tres problemas centrales” del sistema judicial de Argentina.
Según dijeron, el primero son las “presiones” sobre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y pusieron como ejemplo el caso del juez suplente Luis María Cabral, que no fue renovado y fue sustituido en junio por otro juez, considerado próximo al partido gobernante Frente para la Victoria.
La sala de la que formaba parte Cabral se ocupa, entre otros importantes casos, del análisis de la inconstitucionalidad del memorándum de entendimiento firmado entre Argentina e Irán para intentar esclarecer el atentado en 1994 contra la mutual judía AMIA, que dejó 85 muertos.
Este acto terrorista era el que estaba investigando el fiscal Alberto Nisman cuando fue encontrado muerto con un tiro en la cabeza en circunstancias todavía por esclarecer dentro de su domicilio el pasado enero, apenas unos días después de denunciar a la presidenta Fernández por encubrimiento terrorista.
Para los peticionarios, otro de los problemas que acosa a la Justicia de Argentina es la composición “poco equilibrada” del Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de designar y destituir a jueces y cuya composición fue ampliada de 13 a 19 miembros, algo que favoreció al oficialismo, según los demandantes.
“Lo que encontramos es una situación de parálisis en el Consejo de la Magistratura”, advirtió Herrero, que consideró el “aumento” de jueces suplentes como el tercer problema de la Justicia porque “no existen garantías de estabilidad y no se permite salvaguardar el principio de independencia judicial”.
Esta audiencia sobre independencia judicial era la única sobre Argentina que había convocado la Comisión para su 156 período de sesiones, que se celebra en Washington del 19 al 23 de octubre.