Luego del horrendo crimen del joven diputado oficialista Robert Serrra hemos visto la agudización dolorosa de la confrontación violenta entre las fuerzas policiales del Estado contra unos grupos irregulares, llamados “colectivos”, que el propio Estado venezolano creó; hasta el extremo en que pareciera que la presión política que ejercen esas fuerzas paramilitares sobre el Estado llevaron a la destitución del ministro de Relaciones Interiores, Mayor General del Ejército Miguel Rodríguez Torres, como consecuencia del descabezamiento de parte importante de la más alta dirigencia de los “colectivos”, entre ellos los crímenes de Juancho Montoya, Carmelo Chávez y José Odremán, en donde según versión oficial, se mezclan elementos políticos con el hampa común, inherentes a la estructura y composición de este tipo de organizaciones criminales.
Tradicionalmente, entre las funciones principales del Estado está la garantía de la vida y la seguridad de los bienes y propiedades de los ciudadanos pero, en la situación venezolana actual, nunca antes el Estado había tenido el estímulo al crimen y la promoción del delito como una política pública; no existe otra explicación a las altas cifras y tipología de la criminalidad e impunidad en la sociedad venezolana. Esta experiencia que hemos vivido en estos últimos tiempos es extraña a la cultura e idiosincrasia política venezolana. Terrible situación que lamentablemente nos viene a demostrar, una vez más, que ni los militares sirven para la política y que tampoco los civiles son para lo militar: “zapatero a su zapato”, los civiles a la política y los militares a la seguridad y defensa, bajo control civil.
Llama la atención que quien hereda toda esta compleja problemática y pasa a ocupar el cargo del ministro destituido, Rodríguez Torres, es la ministro de la defensa, y no uno de los dirigentes políticos civiles integrantes de la dirección del partido de gobierno, el PSUV, entre ellos por ejemplo Freddy Bernal, Darío Vivas, Aristóbulo Isturiz, incluso hasta el propio funcionario del escándalo de la niñera en la avioneta de PDVSA, entre otros.
De tal manera que con la designación de la Almirante Carmen Meléndez, en Relaciones Interiores, no hay razones para pensar en que finaliza el choque entre los “colectivos” y las fuerzas militares y policiales, por un lado; y los militares y los dirigentes políticos civiles de PSUV, por otro lado.
Pero la situación es mucho más grave, porque pareciera que esa imposición naval, en Relaciones Interiores, tiene su naturaleza en La Habana castrocomunista.
@CastilloHernan