En un país amenazado por índices de criminalidad preocupantes, el atroz asesinato del joven diputado Robert Serra causó una conmoción generalizada. No se trataba de una ficha más en las estadísticas, sino de uno de los más combativos defensores del chavismo, vinculado muy de cerca con las altas esferas del gobierno de Nicolás Maduro. Por eso no resultó extraño que el gobierno venezolano, sin tener resultados de una investigación criminal, señalara a supuestos paramilitares colombianos al servicio de su enemigo de siempre, el expresidente Álvaro Uribe, de haber perpetrado el atroz asesinato del joven diputado chavista, Robert Serra, en cuyo funeral algunos radicales enardecidos gritaban que había que “matar a los colombianos”, publica Semana.
Culpar al enemigo externo ante la incapacidad para lidiar con una crisis interna es una vieja táctica política que en Venezuela ha sido tan utilizada, que el propio Maduro se quejó en días pasados de que los medios de comunicación desestimaban sus denuncias sobre complots y planes de magnicidio fraguados por la ultraderecha en alianza “con el Imperio” o “con Uribe”. Los diputados chavistas, a su vez, demandaron a Uribe ante el Ministerio Público por supuestamente estar detrás del asesinato de su compañero de bancada y pidieron en sesión plena de la Asamblea Nacional declararlo persona no grata en Venezuela.
Todo ello era esperable. Pero lo que sí sorprendió fue que otro colombiano, el secretario de Unasur, Ernesto Samper, ayudara desde su cuenta de Twitter a la versión oficial: “Asesinato del joven diputado Robert Serra en Venezuela es una preocupante señal de infiltración del paramilitarismo colombiano”. Al de Samper le siguió el trino del alcalde Gustavo Petro de que Serra había denunciado los vínculos del venezolano expulsado, Lorent Saleh, con Álvaro Uribe, quien respondió ante los señalamientos calificando al gobierno venezolano de “dictadura matona”.
Nada de eso sería tan grave si no fuera porque en Venezuela viven 4 millones de colombianos que sufren las consecuencias de esas afirmaciones. Los cónsules nacionales en al menos dos ciudades distintas han encendido las alarmas por amenazas, incluso de muerte, contra algunos connacionales en los últimos días.
Además de las declaraciones, hay preocupación por algunas medidas judiciales y administrativas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bogotá calcula que este año han sido deportados más de 1.600 colombianos. Algunos de los deportados llevaban más de 20 años en Venezuela, están casados con venezolanos, tienen propiedades, hijos y negocios allí. El problema es que nunca arreglaron sus papeles. Se calcula que unos 400.000 aprovecharon la oportunidad que les dio el fallecido presidente Chávez para nacionalizarse en 2004, antes del referendo revocatorio en su contra. Pero esa amnistía terminó en abril de este año y las autoridades venezolanas decidieron actuar.
Según testimonios de los deportados, registrados por la Defensoría del Pueblo que los recibió en Cúcuta, estos se sintieron engañados por las autoridades venezolanas, pues al presentarse para poner en regla sus asuntos, los llevaron a la fuerza hasta la frontera. Algunos de ellos dicen que los funcionarios les rompieron los documentos y los maltrataron. Entre los deportados había matrimonios que dejaron a sus hijos menores de edad a cargo de vecinos y desplazados de la violencia que habrían solicitado refugio en Venezuela, lo que viola la normativa internacional de derechos humanos.
Además de las deportaciones, a la fecha hay 43 colombianos detenidos por contrabando de extracción. Entre ellos, Belsy Álvarez y Yenifer Rojas, quienes el pasado 13 de septiembre fueron a hacer un mercado de 30.000 pesos en San Cristóbal. También cumple un mes detenida en Maracaibo la bacterióloga guajira Ana Maritza Mendoza, capturada luego de comprar reactivos químicos para pruebas de glicemia y creatinina. Su familia dice que fueron donados por un laboratorio venezolano naturista con el que tenía vínculos comerciales.
Con la depreciación del bolívar y los controles de precios, los colombianos de la frontera se acostumbraron a hacer mercado o a comprar insumos para su trabajo del lado venezolano. La gran mayoría quizás ignora, sin embargo, que desde noviembre pasado eso puede ser delito según la Ley Orgánica de Precios Justos, que penaliza hasta con 14 años a quienes quieran extraer del territorio venezolano bienes de primera necesidad. Con la declaratoria de ‘guerra económica’ del gobierno venezolano, que incluye el arbitrario cierre de frontera nocturno desde hace 2 meses, las detenciones han aumentado.
También se han presentado incursiones de la Guardia Nacional venezolana en territorio colombiano. La última de ellas fue el sábado pasado, cuando seis uniformados ingresaron a Maicao disparando, en una persecución en caliente de presuntos contrabandistas que utilizaron una trocha conocida como La Cortica. Si bien en la última reunión bilateral entre los presidentes Santos y Maduro en Cartagena se acordó conformar comandos conjuntos para perseguir a las grandes mafias, la canciller María Ángela Holguín declaró “inadmisible” el hecho y el embajador Luis Eladio Pérez en Caracas presentó una nota de protesta.
Uno de los principios de las buenas relaciones diplomáticas es la reciprocidad. “En los últimos seis años no se le ha negado una visa a un venezolano en un consulado colombiano”, dice el embajador Pérez. De la misma manera, Venezuela durante años ha acogido y brindado oportunidades a miles de colombianos que han contribuido al país con su trabajo. Pero esos mismos trabajadores hoy no pueden ni enviar las remesas que el gobierno suspendió desde principios de año. Las reactivó recientemente para quienes envían dinero a otros países, pero no para los colombianos.
En medio de todo, una semana después del asesinato de Serra un episodio dramático hizo que muchos venezolanos ataran cabos y hablaran de una situación mucho más compleja. El martes, agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Cicpc, se enfrentaron a tiros en pleno centro de Caracas con miembros del Frente 5 de marzo, uno de los colectivos armados chavistas, muy cercano al propio Serra. En el combate murieron cinco integrantes del frente, entre ellos su líder, José Miguel Odreman, quien horas antes de morir dijo ante los medios de comunicación que responsabilizaba al ministro del Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, de lo que le sucediera. Muchos especularon que el operativo del Cicpc contra ese frente estaría vinculado al asesinato de Serra, quien aparece en fotografías junto a Odreman y otros miembros de colectivos chavistas, aunque el Cicpc ha negado la relación entre ambos casos.
La única persona en Venezuela que quizá sabe al detalle qué relación puede haber entre el caso Saleh, Serra, Odreman y qué tanto control o falta de control tiene el gobierno hoy sobre los colectivos armados chavistas, es el ministro Rodríguez Torres. Además él ha denunciado, una y otra vez, los supuestos planes, complots y magnicidios contra Maduro y contra Chávez, y es también uno de los altos mandos que contribuye a sembrar la idea de que parte de los problemas que hoy afronta Venezuela tiene origen en Colombia. Durante el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, celebrado hace dos meses, el ministro Torres le dijo a los delegados del partido que Venezuela había permitido una invasión lenta y silenciosa de colombianos que habían llegado a ocupar terrenos y montar negocios, y que entre ellos había más de 15.000 paramilitares que habían traído la violencia al país.