Aunque nos cueste tanto reconocerlo y, más aun expresarlo, tenemos mucho miedo; podríamos, incluso, afirmar que estamos aterrorizados, pues nos cuesta demasiado imaginar que pueda existir en seres humanos tamaña afición hacia la crueldad; y esa es la actitud que observamos presente en todo este proceso desplegado contra el dirigente político Leopoldo López y los cuatro estudiantes, involucrados en supuestos actos conspirativos.
Pero no se trata solo del miedo que, por los riesgos de nuestra propia actividad pública nos corresponda correr como políticos, sino por el grado de indefensión y vulnerabilidad en el que coloca a la familia venezolana un régimen que, por sus actuaciones, la somete a los más crueles atropellos morales y violación de los más elementales derechos humanos.
Tenemos miedo por nuestros familiares, amigos, vecinos y, en general, por nuestros compatriotas que, herederos todos de un país que pese a los eventuales tropiezos, hemos avanzado a través de lo largo de toda nuestra historia patria por un proceso de consolidación democrática que hoy vemos descaradamente burlada y arrebatada.
Nos causa terror presenciar la cadena de actuaciones complacientes de poderes del Estado, llamados constitucionalmente a servir al pueblo, desviados en sus funciones y secuestrado por un régimen que día tras días nos deja desvalidos.
No existe hoy en el país razonamiento lógico y humano para entender lo que encierra el principio universal de los derechos fundamentales del hombre y, ni siquiera respeto a nuestra propia legislación. Solo el infundado desde lo alto del poder es lo que impera como doctrina para decidir la suerte de venezolanos sometidos a una justicia inventada y manipulada de acuerdo a la propia conveniencia del régimen.
Así, bajo tal doctrina, se explican la separación de sus cargos y sometimiento a prisión dictada contra alcaldes caprichosamente enjuiciados por no reprimir a pueblos que manifiestan su rechazo a un gobierno que los priva de todo menos de balazos y bombas. Es la misma que aplican a un funcionario, como Iván Simonovis, quien después de casi diez años de prisión por delitos, no comprobados, como correspondería, para negarle su elemental derecho a no morir dentro de una cárcel debido a su comprobado estado de gravedad. No les importa -a los funcionarios del régimen- repetir la dolorosa experiencia del agricultor, Franklin Brito, quien murió defendiendo su derecho a la posesión de un pedazo de tierra.
Y es también la doctrina copiada de los peores ejemplos de régimen totalitarios, la que hoy se aplica haciendo uso una vez más del expediente del “madrugonazo” a Leopoldo López y a los estudiantes sometidos a la cruel tortura psicológica y física que representó toda esa farsa de días tras días presentados ante un tribunal que, evidentemente, ya tenía decidida por orden “superior” el destino de los detenidos, quienes serán sometidos a juicios que arrancan ya viciados.
Por todo eso tenemos temor, pero mucho más por lo que podría suceder después de una decisión como la anunciada la madrugada del pasado jueves. Porque pánico es la que nos da, pensar lo que pudiera ocurrir cuando el pueblo, ya cansado de no tener a que poder del Estado acudir para reclamar justicia, acuda a vías no deseadas para hacer valer sus derechos.
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