A través de un acuerdo estructurado con el equipo de apoyo jurídico de la Unidad Democrática, los parlamentarios Miguel Ángel Rodríguez y Abelardo Díaz solicitaron el cese inmediato del “plan especial” decretado para el Táchira el 20 de febrero, “con empleo de unidades de guerra de tierra y de aire”.
Luego de rechazar la “brutal” represión contra manifestantes que pacíficamente hayan ejercido su derecho, invocaron para tal fin el texto constitucional que reserva a los órganos civiles de seguridad y la Guardia Nacional bajo supervisión, el mantenimiento o recuperación del orden público.
Citaron que la justificación urdida por el gobierno nacional, de la supuesta intromisión de 120 paramilitares y el presunto plan de carros bomba, no han sido sustanciados, “en cambio si fue una realidad el pretendido terror sicológico contra el pueblo tachirense con aeronaves de guerra, al punto que el gobernador de la entidad le calificó de exceso inaceptable”.
El acuerdo rechazado por la bancada oficialista, fundamentó en los artículos 222 y 223 de la Constitución Nacional, el petitorio de interpelar a la Ministra de la cartera castrense, vicealmiranta Carmen Meléndez y del Ministro de Interior y Justicia Miguel Rodríguez Torres..