En Venezuela se juega estos días una lotería que pudiera ser millonaria y de la que ya se sabe, de antemano, el número ganador: 99. Ese es el número de votos necesario para alcanzar las tres quintas partes de la Asamblea Nacional –conformada por 165 diputados- que la Constitución estipula como requisito para otorgar al presidente de la República poderes especiales mediante una Ley Habilitante. El pasado 16 de agosto, el presidente Nicolás Maduro anunció que quiere esos poderes para liderar una cruzada nacional contra la corrupción. Pero tuvo que reparar en un posible obstáculo para su propósito: cuenta de antemano con el apoyo de 98 diputados de la bancada oficialista.
Ewald Scharfenberg / El País
Desde entonces, una guerra de nervios se ha desatado entre los parlamentarios de la oposición, que temen que el voto 99 salga de sus filas. “No tienen los votos para aprobar la habilitante, pero imagínense ustedes que la aprueben comprando conciencias”, previno el líder opositor, Henrique Capriles Radonski. “Si compran el voto del diputado 99, esa habilitante se daría sobre la base de la corrupción”, aseguró.
El Gobierno no ha perdido la oportunidad para atizar las dudas de sus adversarios. El propio Maduro moderó sus exigencias al aceptar que la iniciativa podría fracasar, en cuyo caso “buscaremos otros caminos” distintos a la Asamblea, dijo. Si bien el presidente prefirió referirse metafóricamente al diputado 99 como “el pueblo en la calle, movilizado contra la corrupción”, el vicepresidente ejecutivo y yerno del fallecido Hugo Chávez, Jorge Arreaza, aseguró contar con el misterioso voto, que correspondería a “un hombre de bien”.
La intriga también ha seducido a la prensa independiente, que pasa revista entre los diputados menos mediáticos de la oposición para confirmar hipótesis o trascendidos sobre quién podría ser reclutado por el Gobierno. La indagación periodística ha sacado a la luz nombres como los de los diputados Hermes García, Wilmer Barrientos, Nelson Rodríguez, Gabino Paz, Orlando Ávila o Morel Rodríguez, entre otros, representantes de entidades de provincia que en algún momento se han mostrado críticos o autónomos frente a los acuerdos de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Todos, sin excepción, han descartado que estén dispuestos a dar ese paso en falso. García advirtió que el Gobierno había estado “buscando debilidades” y se esforzaba en comprar apoyos “a punta de dólares”.
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